Gobernador de Chiapas intenta desaparecer 95 normalistas de Mactumactzá

La Redacción 

El día 18 de mayo del presente, cerca de quinientos policías antimotines establecieron un operativo para reprimir y desaparecer a los más de 250 estudiantes normalistas de la caseta de cobro de la autopista que comunica a la zona indígena del estado que demandaban condiciones dignas para su escuela.

                Durante la mañana del martes, las y los manifestantes liberaron la caseta de cobro que se ubica en la autopista que comunica San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez, esto ocasionó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Gabriela del Socorro Zepeda Soto, desplegara un operativo en el que quinientos policías arribaron a la zona, como si se tratara de un enfrentamiento con el narcotráfico.

                Los videos que circulan en redes sociales, muestran el actuar prepotente, violento y amenazante con el que los elementos policiacos arribaron a la zona. Mismos que buscaron a las y los normalistas desarmados, cortando cartucho y deteniendo los autos que llegaban a la caseta con el fin de abrirlos y buscar manifestantes en ellos.

                La Comisaria General Gabriela del Socorro Zepeda, decidió criminalizar la protesta legítima de las y los normalistas, lo que permitió que los elementos policiacos abusaran de su poder, al detener y desaparecer a más de 250 normalistas hombres y mujeres, bajo las amenazas de violaciones, así como agresiones sexuales en contra de las mujeres manifestantes, y tortura.

                Estas acciones de exceso de fuerza por parte de la policía de Chiapas, ha sido documentada incluso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), cuando el 18 de febrero del 2020, condenara la actuación de la policía estatal “que, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, causó lesiones a varias personas, incluyendo a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá y de la Escuela Normal rural “Raúl Isidro Burgos” y a personas defensoras de derechos humanos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 16 de febrero.”

               

               Es preocupante que este tipo de protocolos se han convertido en recurrentes por parte de la ahora encargada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque representa la política implantada por parte del Gobernador por MORENA, Rutilio Escandón Cadenas, quien ha obviado las demandas legítimas por parte de las y los normalistas manifestantes.

               Durante las manifestaciones del 16 de febrero del 2020, el protocolo de actuación de la policía antimotines fue el del uso de la violencia sin medida, lo cual llevó a que se iniciara una investigación contra 60 elementos antimotines que participaron durante el desalojo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sin embargo, dicha investigación no contempló en ningún momento la investigación de ningún alto mando de la SSyPC o algún integrante de la Mesa de Seguridad, pues “las decisiones de estos mandos son vitales para las acciones de seguridad en campo dentro del estado. Resaltan el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Fiscal General del Estado Jorge Luis Abarca”. Lo cual muestra que existe una política de represión y persecución desde la gubernatura contra las manifestaciones.

       

    LAS DEMANDAS

“Habíamos entablado acuerdos en una mesa de negociación el 12 de abril y habíamos llegado al acuerdo de que la convocatoria para el examen de nuevo ingreso iba a ser presencial, y este se realizaría de forma escrita, con cuadernillo en mano, pero vimos que no estaban respetando esos acuerdos y decidimos hacer presión, relató Braulio”. (Pie de Página)

    El problema tiene origen en la profunda desigualdad que se vive en todo el estado de Chiapas, donde el 94.0% de la población vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad por carencias o ingresos (CONEVAL, 2018). “Se considera en pobreza a la población con al menos una carencia social e ingreso inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos, antes línea de bienestar y que se refiere al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes” (CONEVAL)

     ¿Es legítimo desaparecer a 250 jóvenes normalistas porque liberaron una caseta de cobro, cuando el 94% de la población de todo un estado vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad?

    Los hechos ocurridos este martes, no se comprenden sin revisar la historia reciente de la Normal Rural Mactumactzá, pues es que desde el 22 de agosto del 2020 llevan exigiendo las mismas demandas:

1)      Que el examen de admisión sea presencial y no virtual,  pues esto es discriminatorio, aunado a la ineficiencia de la propia plataforma virtual.

2)   Que la matrícula se amplié, pues cada día logran ingresar menos alumnos, y deja a miles de jóvenes en todo el país sin la oportunidad de tener una formación profesional.

250 jóvenes en riesgo de tortura, por una política estatal de represión y discriminación contra quienes no cuentan con acceso a internet, pues al 2019 en Chiapas sólo el 24.13% de hogares contaban con computadora, mientras que el 24.6% contaba con acceso a internet (EME-Equis).

La excusa por parte de la Secretaría de Educación a cargo de la Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa, es que implementar un examen a través de medios virtuales es un tema de seguridad sanitaria por la pandemia de COVID-19, sin embargo el 12 de febrero del presente año, durante el informe técnico diario,  el director general de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, destacó que Chiapas se encontraba en semáforo verde.

¿Entonces, para temas económicos el semáforo verde importa, pero para temas de acceso a la educación no?

Esta hipótesis se refrenda con la palabras del Presidente de la COPARMEX en Chiapas, Manuel Pardo Pastrana, quien el 13 de octubre del 2020, recordó que “este organismo empresarial desde el año pasado propuso que se haga efectiva esta disposición, para aminorar la cantidad de bloqueos que se presentan en un año sobre el libramiento Norte, a la altura de una empresa refresquera, muy cerca de la ubicación de la institución”.  (CuartoPoder)

    El mencionado comentario vino después de que el Secretario General de Gobierno informara que se analiza la posibilidad de reubicar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

Es decir, que en palabras del representante de la COPARMEX, es más fácil erradicar las normales rurales, escuela de maestros que se dedican a educar a infantes que viven en las zonas más alejadas del país, que resolver las demandas legítimas.

Y este es el verdadero problema que se presenta para el actual gobierno cuatroteísta, pues ha dejado ver que continúa el embate contra las normales rurales, y se sigue primando los intereses económicos de los grandes empresarios, así como de sus consorcios, obviando la realidad fáctica que viven millones de personas chiapanecas, lo cual hace ver la profunda desigualdad que se sostiene en el estado, así como la política de erradicación de las normales rurales y criminalización de la protesta, es decir una constante violación a derechos humanos por parte del estado en contubernio con los empresarios.

¿Quién va a resolver?

¿Quién tiene que responder por la desaparición de 250 jóvenes manifestantes? El tiempo ha sido enemigo hasta este momento, pues hasta la publicación de este artículo es momento que no se han presentado las 95 personas que dice la SSyPC se detuvieron, sin embargo el número que circula en allegados a la Normal Mactumatzá es muy superior, no se conocen los nombres ni ubicación pues no ha sido publicado por la Fiscalía General del estado,  lo que nos lleva a susurrar el atroz caso de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. 

* Al momento de la publicación, se ubicó a un grupo golpeado de normalistas, así como que se creó un plantón pacífico en la Fiscalía General del estado para esperar y hay un asedio contra las familias por parte de policías antimotines.

Sin embargo, para Andrés Manuel no quedan muchas opciones para defender a su gobernador, pues resulta que Rutilio Escandón Cadenas es parte del partido en el poder, con las mismas estrategias que han implementado históricamente en el sur del país, y recrudecidas con la inclusión de la Guardia Nacional, proyecto estrella del actual presidente.

Cientos de organizaciones sociales, movimientos juveniles y agrupaciones diversas han decidido movilizarse para exigir la presentación con vida de las y los manifestantes normalistas, pues es inadmisible que el sujeto en el poder continúe con el discurso de estar con el pueblo cuando todos sus aliados políticos en diversos estados del país han golpeado de manera directa las movilizaciones más justas, para después esconder la mano con la que han golpeado, desaparecido, violado, y silenciado a las y los manifestantes.

* Se menciona que alrededor delas 10pm se piensa trasladar a las y los 95 manifestantes detenidos para ser llevados a la AMATE, por lo que se teme por su seguridad e integridad, ya que han señalado ser víctimas de agresiones por parte de los cuerpos policiacos. 

 

Desde el espacio de La Molocha Mx, exigimos la pronta aparición, el cese a la persecución y resolución a las peticiones y demandas de las y los normalistas de Mactumatzá, así como su presentación con vida y sin daños psicoemocionales y físicos de nuestras compañeras y compañeros.