¿A qué se dedica un militar si no hay guerra? Calderón tenía razón: AMLO
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Karl De Negri Guzmán.
Arturo Guzmán Decenas, era miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano; se unió cuando concluyó la escuela secundaria, en 1992, para escapar de la pobreza; durante su formación militar recibió entrenamiento de contrainsurgencia, adquirió habilidades en explosivos, aprendió a rastrear y aprehender a sus enemigos por parte de un grupo élite de combate entrenado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel; narran que su talento agresivo le valió un puesto en un grupo militar mexicano de élite conocido como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), entrenado originalmente en tácticas de contrainsurgencia para combatir el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas. Parece ser que su grupo táctico cortó las orejas y nariz de tres indígenas zapatistas después de capturarlos, y sus cuerpos fueron arrojados al río.
Este militar venido de abajo, entrenado en la táctica contrainsurgente, capacitado y sanguinario, fue enviado a Tamaulipas para ser jefe de seguridad en la Ciudad de Miguel Alemán, sin embargo, supuestamente, comenzó a recibir sobornos del Cártel del Golfo a cargo de Cárdenas Guillén, quien le pidió a Guzmán Decenas ayuda para reclutar y establecer el escuadrón de ataque más feroz posible para su cártel. En 1997 decide desertar del Ejército mexicano y emplearse de tiempo completo en el mencionado cártel.
La mayoría de soldados que se unieron a este incipiente brazo armado provenían de los GAFE, a quienes se les otorgó un nombre en clave con la letra Z, llegando a ser 38 GAFE’s los desertores, es decir, militares entrenados en tácticas contrainsurgentes y capacitados en la Escuela de las Américas (escuela militar estadounidense en Panamá en prácticas de tortura, técnicas de guerra y contrainsurgencia); militares bélicos y sin piedad.
Los Zetaz, antes GAFE's, se llevaron armas sofisticadas de uso exclusivo militar, rifles de asalto, pistolas, bazucas, granadas y equipos de telecomunicaciones y vigilancia del Ejército mexicano. Su papel se extendió “cobrando deudas, asegurando el suministro de cocaína y las rutas de tráfico conocidas como ‘plazas’, y ejecutando a sus enemigos, a menudo con un salvajismo grotesco”. Esta es la historia del Z-1, el líder de los Zetaz.
La historia militar mexicana está plagada de labores de inteligencia, espionaje e infiltración; además de que sus miembros difícilmente rompen relaciones con el Ejército mexicano, algo no cuadra.
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Narrar la anterior historia tiene el fin de demostrar que en México la memoria es endeble, y que la agenda estadounidense mantiene control territorial a partir de la supuesta guerra contra el narcotráfico, antes Operación Cóndor que tenía tintes anticomunistas en la región, mediante la supuesta estrategia de seguridad nacional adoptada por México y diversos países latinoamericanos.
"En noviembre de 2012, en un estudio realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el perfil recurrente entre las víctimas de homicidios dolosos, durante el sexenio de Calderón, era el de hombres de entre 25 y 29 años de edad, solteros, pobres y con escasa o ninguna escolaridad, que, lejos de las rancherías y su ropa vaquera, residían en urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana.
El perfil de los victimarios durante las, supuestas, confrontaciones entre “cárteles” tampoco coincidía con el narco representado por los militares”. Esto lo narra Oswaldo Zavala en su investigación Los cárteles no existen publicada en 2018, que parte del análisis de la guerra contra el narco del ex-Presidente Felipe Calderón al caricaturizar, mediante el Ejército mexicano, la SEDENA y la Marina, al supuesto narcotraficante como un hombre estereotipado, un hombre vestido de vaquero escuchando narcocorridos.
Analizar la guerra contra las drogas que inició abiertamente el gobierno de Felipe Calderón después de una crisis social, por el supuesto fraude electoral en contra de su opositor, el candidato a Presidente Nacional, Andrés Manuel López Obrador, fue la estrategia necesaria para que el primero lograra controlar a las masas furiosas contra su llegada, pues, incluso, Andrés Manuel López Obrador convocó a un plantón en Paseo de la Reforma exigiendo el famoso “voto por voto”, al cual, tanto Calderón, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el PAN, negaron.
Ante la llegada de Calderón con nula aprobación social a la presidencia, con un país insubordinado ante el supuesto fraude electoral, recurrió a la estrategia de crear un enemigo doméstico al que debía combatir, el narcotráfico; sin embargo, según el Índice de Homicidios a Nivel Nacional, realizado por el IMCO, de 1990 a 2018, cuando llegó Felipe Calderón a la presidencia, se encontraba en niveles mínimos históricos de violencia, pero la necesidad de legitimidad que tenía Calderón en ese momento lo llevó a recurrir a un operativo contra el supuesto crimen organizado en Michoacán, “Operativo conjunto Michoacán”, ordenando el despliegue del Ejército en la región, 6,500 elementos de la SEDENA; lo que llevó a que los homicidios se triplicaran por la estrategia de enfrentamiento, y posterior debilitamiento de las policías municipales y locales.
Esta causa, aderezada por el, ahora, ex-Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien conocía las tácticas empleadas para la estrategia de la guerra contra el narco, estandarte de Calderón, y resultó favorecer al Cártel de Sinaloa; detenido en 2019 en Estados Unidos; no obstante, cabe mencionar que, inicia su carrera política a los 31 años de edad y es nacido en Ciudad de México (cuidado en creer que el narco infiltró al Estado, es lo que han querido que creamos), fue Director de la Agencia Federal de Investigación de México (AFI), durante este periodo fue capacitado junto a su personal por el propio FBI quien otorgó metodologías, técnicas y capacitaciones, además, fue funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) -antes Dirección Federal de Seguridad (DFS) departamento de la Secretaría de Gobierno dedicado al espionaje político y contrainsurgente-, así como miembro de la Procuraduría General de la República.
Los antecedentes descritos son una muestra de las mentiras que ha narrado el propio Estado para justificar la necesidad de una guerra contra el narcotráfico, cuando, es el mismo aparato del Estado el que, ha otorgado las facilidades para que éstas personas operen a favor de este negocio, criminalizando a las personas críticas al sistema, así como de personas luchadoras sociales, defensoras de territorio o que están en contra de construcciones relacionadas a grandes capitalistas, nacionales o internacionales, mineros, constructores, terratenientes, u otros.
Ahora, los nombres se conocen, a lo largo del territorio mexicano, cada Gobernador, cada Presidente Municipal, cada Fiscal General de la República, y de cada estado, así como cada militar involucrado en operaciones de la guerra contra el narcotráfico, ha sido responsable por las masacres alrededor del país, no obstante, tienen un halo de impunidad que ninguna ciudadana o ciudadano conoce, y que es muy difícil de abordar para exigir. No es la corrupción la que desde enero de 2006 hasta mayo de 2021 contabiliza más de 350,000 personas asesinadas y más de 72,000 personas aún desaparecidas (cifras de The Washington Post), es la impunidad y la sed de acumulación y enriquecimiento sin ética, de quienes gobiernan y han gobernado mirando los espacios de toma de decisiones (presidentes, gobernadores, diputados, senadores, fiscales, policías, ministerios públicos, etc.) como su escalón de poder e impunidad, la que ha matado y desaparecido a nuestra gente. La seguridad siempre ha sido responsabilidad del Estado, y si no han logrado una estrategia digna que pacifique al país, es porque les ha quedado grande el puesto.
El caso de Édgar Veytia, ex-Fiscal de Nayarit en 2012-2017 (detenido en 2017 en Estados Unidos) es emblemático porque:
"Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa. El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quién quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien -ahora se supo- trabajó para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas. Han pasado más de dos años y todavía no hay detenidos por ese infierno que vivieron los nayaritas.
(Investigaciones contra la corrupción)
Antes de que, de nuevo, usted repita, acríticamente, que el narco infectó al Estado, recuerde que hay una responsabilidad de cada una de las personas que ocupan un cargo público, y que es responsabilidad de las propias instituciones gubernamentales el investigarles, sin embargo, el aparato estatal, con los recursos entregados, miles de millones de pesos destinados a temas de seguridad, para estas tareas, resultan ser insuficientes para acabar con este supuesto mal, y el verdadero problema que hay detrás es que, quienes deberían investigar los delitos y judicializarlos, terminan apropiándose de esos recursos, y utilizando el aparato estatal para su propio enriquecimiento otorgándose un halo de impunidad relacionado a los poderes fácticos del Estado, así como una red de mafia de corrupción e impunidad entre quienes toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
Digamos las cosas como son,
la “guerra contra las drogas” es el nombre público de estrategias políticas para el desplazamiento de comunidades enteras y la apropiación y explotación de recursos naturales que de otro modo permanecerían inalcanzables para el capital nacional y trasnacional.
(Oswaldo Zavala, Los cárteles no existen).
Andrés Manuel López Obrador, un hombre que enuncia ser amante y profundo lector de la Historia, ha olvidado sus propias narrativas sobre la Ley de Seguridad Interior, impulsada y promulgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aprobada en 2017 e invalidada en 2019, que en sus intenciones, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, abría la puerta para normalizar el hecho de que el Ejército interviniera en tareas de seguridad pública, hecho que sólo es legal y constitucional si se aplica a situaciones excepcionales, pero no como regla.
“Las facultades de las fuerzas armadas tienen que estar delimitadas con la excepcionalidad que limite su actuación. La Ley de Seguridad Interior no precisa qué clases de acciones específicas puede hacer el ejército, y quedan abiertas las preguntas de si los militares pueden hacer arrestos o cateos”. dijo Gutiérrez.
(Animal Político)
Tenemos pues, una obligación como ciudadanía, exigir, así como en 2018 se exigió que la Ley de Seguridad Interior fuera invalidada, es ahora necesario que, Andrés Manuel López Obrador, así como el Senado se posicionen en contra de que la Guardia Nacional pase a manos de la SEDENA, cuerpo militar con un expediente turbio, sin clarificar gastos, ni actividades, acciones ni delitos.
No existe una herramienta clara que controle a los militares en México, y teniendo el antecedente de Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos por crimen organizado y liberado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se requiere una estrategia de seguridad que vincule a personas expertas en temas de violencia, narcotráfico, políticas públicas, así como activistas, y ciudadanía víctima, para construir una agenda de seguridad pública y comunitaria que permita que las policías locales y municipales sean capacitadas y observadas, así como los cuerpos militares, las fiscalías generales y los cuerpos militares, y de esta manera garantizar una pacificación del país que tanto se requiere, pero no a través del continuum de una guerra contra el narcotráfico fallida, sin sentido.
Hace falta una verdadera oposición política, y electoral, que garantice los intereses de la ciudadanía, pero que también otorgue la batalla política mediante la proactividad, y no únicamente por la búsqueda mezquina de votos para poder continuar con la aberrante estrategia económica de la guerra contra el narco.
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