La irresponsable Peniley Ramírez: El pretexto para discutir.
El
pasado sábado 24 de septiembre se publicó en el diario Reforma la columna
“Ayotzinapa: El encubrimiento”[1] de la periodista Peniley
Ramírez, donde además de su opinión, filtra fragmentos del Informe[2] de la Presidencia de la
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, sin testar[3]. Posterior a ello se
desató un intenso debate sobre la actividad periodística de Peniley, llegando a
considerarla por algunas personas como la “Julian Assange mexicana” y por otras
como “una periodista irresponsable y poco ética”, donde poco a poco estos
debates se fueron volviendo cada vez más dicotómicos y reduciéndose en posturas
anti-gobierno o pro-gobierno, dejando de lado a las/los familiares de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
Polemón Mx
El
asunto se vuelve más delicado, ya que justo ayer se conmemoraron 8 años de la
desaparición forzada por parte del Estado Mexicano de los normalistas y nos hallamos
ante varias particularidades que vuelven un artículo de opinión, un asunto más
complejo. A 8 años de aquella atroz acción, seguimos sin tener responsables
claros, pocas acciones que encaminen hacia el conocimiento de lo que
verdaderamente sucedió aquél 26 de septiembre de 2014 y las subsecuentes
acciones, acceso a impartición de justicia y a la reparación integral del daño,
eso sin detenernos demasiado en la complejidad de lo que lo anterior significa.
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| Carlos Tischler/GETTY IMAGES |
Las
declaraciones a la ligera del Presidente se vuelven preocupantes, ya que, si él
no resolvía lo prometido, se iba a desvanecer la última esperanza de las
familias y, sobre todo, la decepción institucional lo que obligaría a recurrir
a opciones fuera de la lógica institucional, de gobierno y de Estado.
El
artículo de Peniley Ramírez,
nos dio cuenta de muchas cosas y no sólo del Caso Ayotzinapa, en un primer
término de la ausencia clara y discusión permanente que debería haber sobre la
ética del periodismo en casos tan sensibles como este, donde se arguye a la
libertad de expresión y a la defensa del mismo, pero omitiendo las graves
consecuencias que esto trae judicialmente al caso, la posible obstrucción a la
justicia y la revictimización que genera, por filtraciones que en varias
ocasiones sólo persiguen la primicia informativa. En el caso de México no es la
primera vez que se discute esto, habiendo ejemplos en el manejo periodístico de
las noticias como en los casos del posible feminicidio de Debanhi Escobar y el
caso de Ingrid Escamilla, siendo urgente obligar a las y los periodistas a
trabajar bajo líneas editoriales más éticas que reflexionen en torno a las
consecuencias de sus opiniones o coberturas informativas, logrando
diferenciarlo de un atentado contra la libertad de expresión, porque es claro
que hay periodistas afines o no a ciertos personajes y gobiernos, que desde ahí
pueden construir sus trabajos, pero reconociendo su identidad ideológica, el
sesgo que esta pueda conllevar y no vendiéndose como imparciales u objetivos en
su totalidad.
En
segundo término, nos lleva a la urgente necesidad de plantearnos y
replantearnos los debates de manera más profunda y con todos los matices
posibles, ya que sin ello, repetiremos las discusiones que se llevaron/llevan a
cabo a partir del trabajo de Peniley Ramírez, donde la discusión se empobrece y
se vuelve exclusivamente dicotómica, reduciéndolo a favor o en contra, y en
gran parte emanado de actores/actrices de la política mexicana donde quienes
encabezan los actuales gobiernos y las instituciones, plantean reducir todo
tema a un ataque de adversarios y atribuyendo/responsabilizando de la culpa “al
pasado” y oposiciones a modo, donde sólo se centran en llevar la contra a todo
lo emanado del gobierno y el oficialismo, impidiendo discutir y en el mejor de
los casos resolver los temas que preocupantemente están sucediendo en el país.
En tercer término, debemos
hablar de lo graves que son las constantes filtraciones que se viven en México,
ya que dichas filtraciones muchas veces se vuelven el pretexto de jueces
corruptos, para continuar el pacto de impunidad, como el caso de Humberto Moreira
y Sergio Aguayo. En México las filtraciones se dan desde altas esferas de
funcionarios públicos y con motivaciones políticas y de grupo, ya que incluso
perteneciendo al mismo grupo político podemos ver constante conflicto como en
el Caso Ayotzinapa, donde se contraponen las acciones y declaraciones del Fiscal
General de la República, Alejandro Gertz Manero y el Subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas,
siendo estas posiciones contrarias, el origen en muchas ocasiones de las
filtraciones para desactivar al “adversario”.
Hasta que no se constituya en términos
reales una responsabilidad legal contra las personas que filtran información de
procesos judiciales en curso, esta situación no cambiará ya que si bien en el
caso de la columna de Peniley Ramírez, ella es responsable ética de su proceder
periodístico, también debe corresponder una responsabilidad legal, pero no sólo
ella sino de quienes filtraron información tan sensible, aunque no sea parte (actualmente)
de la carpeta de investigación del Caso Ayotzinapa. Debemos plantearnos esto rumbo
a un tratamiento institucional que permita no ser punitivos y menos obstruir
investigaciones en curso, ya que muchas veces las filtraciones provienen para
desacreditar casos que impliquen un riesgo para el gobierno en turno (Caso
Debanhi Escobar) o para atacar adversarios políticos (Caso contra Ricardo
Anaya).
Press Libre
Finalmente en el particular de
las filtraciones de Ayotzinapa, será difícil saber qué sucedió y hallar
justicia, ya que implicaría tocar altas esferas del poder de este gobierno y el
anterior, aunque poco a poco vamos conociendo que hay responsabilidad de
munícipes, autoridades estatales, secretarios del ejecutivo federal y del ejército,
en el actual clima de militarización sería un suicidio político para Andrés
Manuel llevar a cabo acciones que lleven a la justicia a las personas
responsables y ante esta difícil situación, el periodismo debe jugar un papel
crítico y serio, quehacer que con sus acciones Peniley Ramírez no ha correspondido
y que no es exclusivamente en ella, incluso preguntémonos si un hombre hubiera
realizado tal trabajo, ¿le juzgaríamos con la misma severidad que a ella?.
Mientras el periodismo no sume
a las acciones que conlleven al Estado a cumplir su obligación sobre el Caso
Ayotzinapa, la sociedad seguirá reclamando a ambas partes y seguiremos diciendo
#NosFaltan43, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, porque como dice la
consigna política, el color de la sangre jamás se olvida.
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