La Caja China; asesinar a diputada Gabriela Marín, para ocultar quién controla Morelos.
La Redacción.
En la política clásica existen una serie de estrategias para garantizar mantener el ejercicio del poder, lo que conlleva a los dividendos económicos estatales.
Si algo hemos aprendido de la política es que no hay que creer los discursos, hay que creer las acciones, lo que se hace y se deja de hacer; la trayectoria política, económica y social de los sujetos en cuestión; leer las noticias, pues ahí está la investigación que las Fiscalías jamás harán.
Es decir, hay que aprender a mapear a los sujetos para saber que muchas personas de la clase política señalan con la izquierda pero apuñalan con la derecha.
En la película "La Dictadura Perfecta", se hizo famosa una antigua estrategia política, la "Caja China", o la "Cortina de Humo", estrategia consolidada en el régimen nazi con Joseph Goebbels, que no es otra cosa que parar las posibles noticias que afecten gravemente la reputación al grupo político en el poder con noticias más llamativas, para que de la mano con los medios de comunicación chayoteros o periodistas informantes (si tienen dinero, seguro venden sus columnas), esas notas disruptivas se oculten bajo el mar de información que sale cada día. ¿Quién lo maneja? El grupo político en el poder.
El pasado 05 de octubre del 2022 fue asesinada la diputada Gabriela Marín Sánchez, del partido Morelos Progresa, en Cuernavaca. La política de 37 años había tomado posesión apenas el pasado 15 de julio, después de ganar un proceso judicial contra el político Roberto Yáñez Moreno, quien le había robado la diputación plurinominal.
Una tragedia se vea por donde se vea, dejó un bebé recién nacido, un curul vacío y un mensaje simbólico.
Sin embargo, estos son sustratos para que la "Cortina de Humo" funcione, no olvidemos que en política no hay actos sin premeditar y sin buscar utilidad: el poder y el dinero envenenan a quienes buscan apelmazarlos.
La legisladora era cónyuge de José Manuel Tablas Pimentel, exalcalde de Ayala (2013-2015), en Morelos; y quien fuera fundador del partido, Morelos Progresa, al que representaba la legisladora fallecida.
Esa misma tarde, en la calle Poder Legislativo (mensaje al poder legislativo(?)), después del asesinato, arribó, junto a policías de investigación y ministerios públicos, el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, como patrón que tiene controlado el crimen en Morelos, asistió a entrevistas y dar posibles líneas de investigación: feminicidio o venganza política, dijo en televisión y medios digitales. Hasta el 16 de octubre del presente año, no hay línea clara de investigación, pero que levanten la mano las familias de víctimas de delitos de alto impacto a quienes les haya llegado la justicia.
No somos Ministerio Público, pero para ser Fiscal General del Estado, no parece que haya que ser un genio.
No se deje llevar por simplonas opciones de modus operandi, ni tintes políticos, pues todo apunta a que este gobierno no tendrá temor en jalar gatillos si hace falta para silenciar la verdad que ha ocultado el mismo Ejército Mexicano (SEDENA).
El 06 de octubre del 2022, una noche posterior al cruel asesinato de la diputada, sale a luz una dura nota de investigación del equipo de Proceso, Mathieu Tourliere, a partir de las filtraciones por el Colectivo Guacamaya, sobre información clasificada de la SEDENA y SEMAR; lanza un bombazo mediático para el, ya de por sí, socialmente desaprobado gobierno del Estado de Morelos, a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, o a caso de Ulises Bravo(?).
"Sedena Leaks: Gobernadores, senadores, diputados y alcaldes de Morelos ligados al narco.
Informes de la Sedena y la Marina filtrados por el colectivo Guacamaya vinculan al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco, a "autoridades del exgobernador de Morelos Graco Ramírez", senadores, diputados, alcaldes y jueces con grupos del narcotráfico como el CJNG, Los Rojos y Guerreros Unidos".
La investigación, más cruda que el asesinato de Gabriela Marín, reveló la estrecha vinculación política que han mantenido los gobiernos morelenses, del Estado y de los Municipios, Congreso y Tribunales, con los supuestos grupos del narcotráfico, exponiendo que no existe división entre estos, y que el Estado no ha sido infectado, sino que ha promovido y protegido al virus de la violencia por los favores políticos y económicos que esto les representa.
En la reconstrucción de hechos para demostrar la "Caja China" o "Cortina de Humo" que parece significar el asesinato de la diputada local, Gabriela Marín, debemos retroceder al pasado 28 de septiembre de 2022, cuando el Fiscal General del Estado de Morelos rindió su obligatoria comparecencia "ante el Congreso de Morelos, el fiscal Uriel Carmona Gándara sostuvo que el trabajo desarrollado contra los delitos de alto impacto en la entidad y en general, han evitado la instalación en el estado del autodenominado Cártel Jalisco Nueva Generación, el desmantelamiento del grupo delictivo Los Rojos, acciones en contra del asentamiento de La Familia Michoacana, y la desarticulación de bandas de secuestradores que operaban especialmente en la zona norte de Morelos" (El Universal).
"En la sesión de preguntas los diputados cuestionaron a Carmona Gándara sobre los altos índices de los feminicidios que tienen a Morelos en primer lugar nacional, la falta de efectividad en la investigación de homicidios dolosos, la orientación del 73% para el rubro de salarios y el índice de impunidad del 99.6%, conforme con datos oficiales" (El Universal).
"En respuesta el fiscal informó que la FGE ejerce un presupuesto de 738 millones anuales y dirige más de 500 millones a salarios, y los 238 millones de pesos restantes se ocupan para la operación de la dependencia" (El Universal).
“La calificación que hacen organizaciones civiles de la procuración de justicia en Morelos la respetamos, pero quien nos califica es el Congreso del Estado, no el Observatorio fulano de tal”, afirmó el fiscal en tono de desplante, sin embargo, el legislador replicó que los datos corresponden a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública" (El Universal).
"Pérez Flores subrayó que, como titular de la FGE en los últimos cuatro años, Carmona Gándara ha ejercido dos mil 985 millones 739 mil pesos de recursos estatales, sin considerar los recursos enviados por el gobierno federal y “no entendemos por qué en Morelos seguimos padeciendo un clima de impunidad por la ínfima aplicación de justicia para todos los morelenses”, acentuó" (El Universal).
Reproducir la nota del El Universal solo tiene la intención de demostrar que todo está conectado, pues "el fiscal aprovechó para solicitar un incremento en el presupuesto del siguiente año por un monto de mil 013 millones de pesos" (El Sol de Cuautla).
“No lo ocupo yo, lo ocupa el pueblo de Morelos. La fiscalía siempre está abierta para informar, tienen la facultad legal de pedir la rendición de cuentas, lo que nosotros pedimos es un incremento de 738 millones a mil 013 millones de pesos, es lo que mínimo que ocupa la fiscalía” (El Sol de Cuautla).
Si para este punto usted no ha visto las imbricaciones entre el cruel asesinato de la diputada Gabriela Marín, y la solicitud de ampliación presupuestal que sostuvo el Fiscal General, Uriel Carmona, es porque está acostumbrado a que las noticias en Morelos son meramente informativas, no provocan el esfuerzo de pensar, porque lo más probable es que sean distribuidas por medios de comunicación a los que la Fiscalía o la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado de Morelos, les está pagando.
Dentro de la información que arrojó la filtración es que hay "un "Panorama Delictivo de Morelos", el grupo de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) señaló que el grupo criminal de los Beltrán Leyva cuenta "con protecciones de autoridades del exgobernador de Morelos Graco Ramírez", y señaló que el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, del Partido Encuentro Social (PES), tienen vínculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG" (Proceso).
Además, señalan, en el informe de inteligencia, que por lo menos 12 presidentes (o expresidentes y ahora diputados locales) municipales han sido o son aliados de Los Rojos: Alberto Sánchez Ortega, expresidente municipal de Xochitepec y ahora diputado por Morena; Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jiutepec por la coalición PT-Morena-PES, así como los alcaldes de toda la zona suroeste de Morelos -de los municipios de Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Tlalquiltenango, Jojutla, Amacuzac, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala, Xoxocotla y Coatetelco-, sin importar su color político, ya sea del PRI, Morena, PAN o PSD.
El Congreso tiene la obligación de fiscalizar o remover al Fiscal General del Estado de Morelos, pero cómo lo van a investigar si es quien les garantiza la completa impunidad; no olvide la supuesta división de poderes, mismas que es un burla legal, al ser sorteada mediante moches económicos (de nuestros impuestos, y presupuesto aprobado, en el Congreso, para atender necesidades sociales, robo en despoblado) por parte de las oficinas del Poder Ejecutivo Estatal.
Además, en el informe de la Semar, señalan que los presidentes (algunos ahora diputados locales de la LV Legislatura) de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez (PRD/PSD); Cuautla, Jesús Corona Damián (Morena/PT/PES); Yecapixtla, Francisco Erick Sánchez Zavala (PAN/MC); Temoac, Valentín Lavín Moreno (PVEM), y Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega (Morena/PT/PES), estuvieron vinculados con Guerreros Unidos y el CJNG (Proceso).
Asimismo, en la nota aparece el actual Secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, así como el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ambos vinculados a "Los Rojos" y/o "Gente Nueva"; el ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, vinculado a "Los Rojos" y/o "Gente Nueva" y al CJNG.
¿Si el Estado opera el supuesto crimen organizado, entonces quién fiscaliza al Estado? ¿Quién nos cuida del Estado?
Si usted aún no descubre cuál es la "Caja China" es porque cayó en la trampa, no existe diferencia entre Estado y supuesta delincuencia, sino que la última es permitida, controlada y/o auspiciada por el propio Estado, pues funciona como herramienta ilegal para cometer graves violaciones a derechos humanos, en contra de personas defensoras de derechos humanos, despojo de territorio, apropiación de agua, y asesinato de personas luchadoras sociales; el Estado carga puñal y daga.
Es decir, en un Estado con el 99% de delitos en impunidad, atendidos por una Fiscalía General que gasta 738 millones anuales y dirige más de 500 millones a salarios, y los 238 millones de pesos restantes se ocupan para la operación de la dependencia; y que su titular, Uriel Carmona Gándara, tiene el atrevimiento de solicitar un incremento en el presupuesto del siguiente año por un monto de mil 013 millones de pesos; nos debe obligar a pensar que la estrategia para la seguridad es fallida porque las intenciones de quienes la impulsan es justamente que falle.
Si bien, en la nota de Proceso, no se revela nada sobre el contraalmirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es bien sabido por la prensa mexicana y morelense, que existen nexos con el CJNG; obviando el sangriento clima de violencia que vive el Estado de Morelos por la aquiescencia de las personas responsables de garantizar la seguridad de las personas morelenses, sin embargo, la crisis de seguridad no vislumbra un final cercano, pues aún con la presencia de la Guardia Nacional (insistida por el Presidente, apoyada por la Cámara de Diputados y Senadores, solicitada por los Congresos Locales y las y los Gobernadores), y la seguridad morelense a cargo de militares aplicando el Plan DN-III-E, en el Estado, quienes antes de implementar dicho plan, en conferencia matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, reconocieron que el robo a vehículos, homicidios dolosos, delitos de alto impacto, y trata de personas, estaban a la alza, eso para marzo del presente año, y NO HA DESCENDIDO. ¿No hubo datos de feminicidios?
Ahora, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con la narrativa de acabar con la corrupción, sin embargo, olvidó que para que eso prospere tendría que acabarse el halo de impunidad que existe cuando de las personas con poder se trata, pues, las labores de inteligencia, por no llamarle espionaje, que realizó la Semar, demuestra que la SEDENA y Presidencia, están informados de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país, permitiendo que esto siga ocurriendo, y obviando toda responsabilidad legal y ética que tienen al investirse como servidores públicos, pues para este momento, la Fiscalía General de la República, a cargo de la joya de la corona obradorista, Gertz Manero, debería tener abiertas carpetas de investigación para atacar el crimen federal que es la corrupción, o a caso debe existir una consulta detrás para aprehender a los famosos delincuentes de cuello blanco pero manos llenas de sangre.
Sin embargo, lamentablemente este delicado caso demuestra que es más fácil matar a una diputada para distraer la atención, que resolver los temas de seguridad que aquejan a Morelos y a todo el país.
A Andrés Manuel le ha quedado grande el puesto; en Morelos es necesario un relevo generacional desvinculado de los estragos políticos que significa la generación anterior, y hace falta un proyecto político verdadero, con tintes no punitivos, con apuesta a una política transformadora que apueste a la garantía de los derechos humanos, porque hasta hoy, en Morelos, ninguna persona política que actualmente toma decisiones, ha hecho nada por transformar la realidad de un millón 971 mil 520 morelenses.
Hace falta que en Morelos y en todo México construyamos La Dignidad.
Nota: Y si algo llegase a pasarnos, a cualquier miembro de este equipo o persona cercana, por publicar esta nota o cualquier otra investigación, cualquier acto, mensaje o atentado, sabrán y sabremos de dónde vino, y enterados de que no nos callaremos.
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