Al diablo con sus instituciones II

 Germán Valdez



En la edición pasada de esta columna
[1], analizamos los procesos de reforma más importantes que se habían dado en los órganos electorales y los aspectos susceptibles de mejora, como consecuencia de las visibles fallas y como respuesta a la protesta social, con el pretexto de las declaraciones hechas en agosto de este año por el Presidente de la República.

Hoy se ve más nítida la cristalización de la Reforma Electoral que ha planteado el Presidente Andrés Manuel, ya que el domingo 13 varios grupos opositores a la Reforma protestaron para mantener las estructuras electorales como están, pero aquí debemos preguntarnos varias cosas. ¿Es mejor el funcionamiento de los órganos electorales como funcionan hoy día o es impensable continuar de cara al 2024 con la legislación vigente, hacia dónde tendría que transitar el proyecto electoral de México?



Primero, debe quedarnos claro que cualquier ley o conjunto de normas, son susceptibles de mejora, ninguna institución emanada de ellas es perfecta o llega un momento donde halla su estadio más avanzado, ya que las normas e instituciones deben evolucionar conforme sus sociedades lo demanden, es por ello por lo que la consigna simplona “El INE no se toca” raya en el absurdo y sirve sólo como una respuesta contraria a la lógica oficialista, más no como una propuesta en sí misma. Como escribí en la columna pasada, los procesos de reforma se dan casi inmediatamente después de crisis, donde el sistema político-electoral mexicano, necesita legitimarse, a diferencia de años anteriores, esta propuesta emana del grupo político mayoritario en los espacios de gobierno y en el contenido, no responde a las demandas sociales de la izquierda histórica mexicana, que es de donde la autodenominada Cuarta Transformación, dice provenir.



Ahora, la reforma[2] propuesta por el Ejecutivo Federal propone modificar los artículos 35; 41; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 60; 63; 73; 99; 105; 110; 111; 115; 116, y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el abordaje que podemos hacer de esta es en los siguientes puntos (a mi parecer) más relevantes:

1.    Propone la reducción del porcentaje para revocar el mandato, pasando del 40% de la Lista Nominal[3] al 33% y la implementación del voto electrónico (Art. 35): Este punto es una buena iniciativa, ya que el INE ha dado muestras de madurez institucional y ha tenido varios programas piloto exitosos respecto a la urna electrónica, si se implementara este método, reduciría considerablemente el costo de las elecciones, pero de fondo hay un tema de desconfianza, por lo que el mecanismo e inversión que se tendría que dar en la auditoria y seguridad electrónica, tendría que aumentar considerablemente.

 


2.    Federalización del INEC (Art. 41): La propuesta en términos generales, plantea la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y federalizar todos los procesos, intento que se pretendía en la reforma electoral del 2014, pero que no se concretó por falta de confianza en la autonomía del INE y porque no se planteaba (como ahora) la manera de retomar las experiencias regionales que pudieran mejorar los procesos electorales, resulta curioso el deseo de la presente administración por federalizar los OPLE´s, ya que en el pasado, era uno de los opositores a ello.

De igual manera propone reducir a 30 minutos diarios los espacios de radio y televisión para los partidos políticos, siendo distribuidos el 70% por sus últimos resultados electorales y el 30% por partes iguales, que de igual manera es algo por lo que el mismo Presidente luchó por aumentar, cuando él dirigió el PRD, ya que adecuadamente argumentaba que este esquema sólo beneficiaría a los partidos políticos mayoritarios como lo es hoy MORENA.

Propone la sustitución del termino “Padrón electoral” y homologarlo con la Lista Nominal, que la referencia 3 de esta columna se plantea su diferencia e importancia de la misma diferencia.


 

De igual manera, propone que el financiamiento público a los partidos políticos sólo sea durante campañas electorales, esta propuesta de manera inmediata pudiera resultar atractiva, pero es bastante riesgosa, ya que si de por sí, la política electoral es excluyente, reduciendo el financiamiento público, provocaría que sólo las personas con determinado capital, pudieran participar en procesos de organización y representación, permitirá el profundizamiento del financiamiento por vías ilegales (narco, lavado de dinero, etc.) y daría mayor peso al poder económico en la toma de decisiones, como ya sucede en Estados Unidos, donde los cabilderos de las empresas privadas, dictan la agenda legislativa ya cumulan no sólo un gran poder económico, sino político.


 

3.    Reducción de legisladores en el Congreso de la Unión (Arts. 52 y 56): Esta propuesta, al igual que la del financiamiento puede resultar atractiva por el gran desencanto que se vive con las representaciones plurinominales, pero el problema no se solucionará eliminando estos espacios, sino ciudadanizando los partidos políticos y los procesos electorales, la eliminación de los espacios plurinominales, sólo permitirá que el partido mayoritario, se fortaleza y se vuelva una fuerza casi única, recordemos que esto funcionaba así en los años 80, cambia hasta que derivado de las presiones, el Presidente José López Portillo propone la integración de los grupos minoritarios para que pudieran acceder a espacios electorales por esta vía, una lucha histórica de la izquierda mexicana. La propuesta propone la reducción de 128 senadurías a 96 y de 500 diputaciones a 300.

 

4.    Reducción de las regidurías en los Ayuntamientos y de las diputaciones locales en los congresos de los Estados de la República (Arts. 115 y 116): La propuesta va en sintonía con la del punto anterior, planteando reducir a máximo 9 regidurías en los Ayuntamientos y a 15 diputaciones locales en los congresos, aumentando una diputación por cada millón de habitantes. Esta propuesta se plantea en una falsa disyuntiva, ya que se podrían mantener las representaciones actuales, incluso yo sería partidario de aumentarlas, pero reduciendo los sobresueldos y excesivos gastos de operación que se les asigna en dietas y comodidades diversas. De igual forma el tema es obligar a la vinculación de representante y representado, de manera que haya una democracia representativa indirecta en términos reales y no terminen volviéndose burócratas más, situación que esta reforma no considera y (característico de la autodenominada 4T) termina por simplemente dar un machetazo para eliminar figuras que se han ganado a través de luchas históricas, principalmente de izquierda.

 


5.    Definición de listas por partidos políticos, para la asignación de plurinominales y de congresistas en la CDMX (Arts. 54, 63 y 122): Este punto plantea que la asignación de los espacios plurinominales, sean definidos en listas emanadas de los partidos políticos, también que, en caso de una ausencia definitiva de alguna persona en una curul, sea sustituida por el siguiente en la lista hecha por el partido. En el caso de la CDMX, plantea que se elíjanlas diputaciones por listas y ya no por distritos, como sucede en las concejalías o como sucedió en la elección para la Asamblea Constituyente del 2016. No está de más decir que ningún partido político mexicano tiene una vida democrática plena y muchos de sus procesos de selección se dan en función de acuerdos cupulares, esta pretensión de reforma sólo profundizaría la casi inexistente vida democrática partidista y empoderaría más a las cupulas, en el caso de la CDMX es un grave retroceso a la representatividad por la cual se peleó por años, siendo encabezado el proceso de emancipación política, por la izquierda sindicalista y magisterial.

 


6.    Facultar al INEC para dar legalidad y validez a las diputaciones y senadurías: Hoy día el INE organiza y lleva a cabo las elecciones para estos espacios, pero el órgano facultado para dar validez en ultima instancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tónica sospechosista y en la interpretación que hay respecto al deseo de centralizar todo por parte de esta administración, el riesgo de esta acción es que en concordancia con la elección de los consejeros electorales de manera popular, vuelve endeble la autonomía del órgano electoral y permite que cualquier persona popular sea quien sancione un proceso, volviéndose juez y parte, aunado a que en ningún lugar del mundo sucede esto, ya que un espacio de consejería electoral debería garantizar imparcialidad y expertiz técnica en el área a desempeñarse, diferenciándose así de una diputación, que su espíritu emana de la representación de la voluntad popular. Parece por demás incongruente por un lado querer empoderar a las cupulas partidistas con la asignación de los espacios plurinominales, pero, por otro lado, clamar la voluntad popular a un espacio que hoy día es autónomo y un contrapeso al poder político que ejerce Andrés Manuel.

Si se facultará al INEC para sancionar, sería darle mucho poder a un órgano que no surgiría de la neutralidad y consenso político, sino de la capacidad electoral mayoritaria de algún grupo.

 


Estos puntos son los que me resultan más relevantes, pero por la gran extensión de esta columna tendré que finalizar aquí esta segunda entrega, dejando pendiente para la próxima entrega, la necesidad e importancia de instituciones como el INE o el TEPJ, de manera resumida diré que, si no construimos instituciones sólidas, corremos el riesgo de repetir las mañas del pasado y, como Andrés Manuel en el 2006, tener la necesidad de mandarlos al diablo con sus instituciones.



Referencias:

[1] Columna “Al diablo con sus instituciones”: https://www.lamolochamx.com/2021/08/al-diablo-con-sus-instituciones.html

 

[3] ¿Qué es la Lista Nominal y cuál es la diferencia con el Padrón Electoral?: https://centralelectoral.ine.mx/2018/06/25/conoces-la-diferencia-entre-la-lista-nominal-y-el-padron-electoral/

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